Naturalmente en su ímpetu adoctrinador,
esta reforma maltrata con
ensañamiento a la escuela concertada.
Este maltrato se concreta en
una serie de intevenciones dudosamente
constitucionales…
Autor: padresycolegios.com
C ausa consternación consultar
los índices que reflejan la calidad
de la enseñanza en España. Sólo
Portugal y Grecia, entre los países
europeos, pueden exhibir una ejecutoria
más catastrófica. Ante un panorama tan
desalentador, los sucesivos Gobiernos que
hemos padecido, en lugar de abordar las reformas
educativas como si de un asunto de
Estado se tratase, han preferido parchear el
naufragio con bodrios que nacen con los días
contados. Así, hemos llegado a una situación
propia de países subdesarrollados,
donde la legislación educativa está sometida
al albur del cambio político. Especialmente
presuroso en esta carrera de despropósitos
se ha mostrado el actual Gobierno,
a quien faltó tiempo para suspender
la aplicación de la anterior ley (que así
quedó convertida en una ley nonata), desdeñando
incluso sus aspectos más positivos,
y promoviendo una reforma que a casi
nadie convence, salvo a sus propios promotores,
convencidos de que educación y
adoctrinamiento son términos sinónimos.
Naturalmente, en su ímpetu adoctrinador,
esta reforma maltrata con ensañamiento
a la escuela concertada. Este maltrato
se concreta en una serie de intervenciones
dudosamente constitucionales que
impiden o coartan la libertad de elección de
los padres. Así, por ejemplo, no se garantiza
el concierto en Educación Infantil, tramo
educativo durante el cual las escuelas concertadas
se convierten en subsidiarias de las
públicas. Por lo demás, al facultar a las administraciones
autonómicas a "programar"
la oferta de plazas, se introduce un factor de
sibilina discrecionalidad que acabará debilitando
a la escuela concertada. No es ésta,
sin embargo, la única medida arbitrada por
la reforma educativa para erosionar la escuela concertada, que tendrá que someter
sus proyectos educativos al escrutinio del
Consejo Escolar; ciertamente, la libertad de
enseñanza no puede amparar proyectos
irrespetuosos con la letra y el espíritu de
nuestra Constitución, pero de ahí a someterlos
a un control previo (¿control de censura?)
media el trecho que separa la libertad
de enseñanza del más puro y desinhibido
intervencionismo. Por supuesto, tales
medidas no anhelan otra cosa que debilitar
la identidad de los centros concertados;
esa identidad que los hace preferibles
a otros, a ojos de los padres.
Y es que, a la postre, todo se reduce precisamente
a coartar la libertad de elección
de centro y a instrumentar una uniformidad
educativa que facilite y garantice el
adoctrinamiento. Sólo desde esta premisa
puede entenderse la introducción de
esa rocambolesca disciplina denominada,
con sarcástico eufemismo, "Educación
para la Ciudadanía". Nuestra Constitución
consagra que "los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones". Pero esta asignatura
se concibe, precisamente, para
conculcar este derecho: el Gobierno, a través
de ella, impondrá una "moral pública"
a la medida de su conveniencia. Así, se
introducirá en las mentes infantiles una
morralla de mistificaciones que actuarán
a modo de "catecismo laico", obligándoles
a asumir como propia y natural la doctrina
emanada del Gobierno; una doctrina
que, por supuesto, pisoteará la moral
que los padres, legítimamente, intentan
transmitir a sus hijos.
Por lo demás, esta nueva ley de adoctrinamiento
escolar infringe varios preceptos
del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre materia educativa, donde leemos
que los centros docentes "incluirán la
enseñanza de la religión católica en condiciones
equiparables a las demás disciplinas
fundamentales" y también que se adoptarán
"las medidas oportunas para que el hecho
de recibir o no recibir la enseñanza religiosa
no suponga discriminación alguna
en la actividad escolar". Al establecer que los
profesores de religión serán a partir de ahora
empleados de la entidad religiosa en lugar
de serlo de la Administración, al impedir
que exista una asignatura alternativa a
la religión, al desplazarla en el horario lectivo,
se propicia la discriminación y se conculcan
esas "condiciones equiparables" que
exige el Acuerdo.
Todo sea para reprimir nuestra libertad
de elección y convertirnos en ovejas del mismo
rebaño. ¿Nos dejaremos llevar al redil?
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